Amnistía residencial

Amnisitía 2

No sé si es políticamente correcto o incorrecto lo que voy a decir. En las últimas semanas he tratado de informarme sobre la situación que padecen miles de familias en la España costera con las sentencias de derribo de sus viviendas. La verdad es que me parece que nos enfrentamos a una de las situaciones más claras en la que están pagando justos por pecadores y algo así me parece que es merecedor de estas torpes líneas.

La historia de muchas familias es la siguiente: en los años de la vorágine constructora en España, años en los que los ayuntamientos obtenían más del 55% de sus ingresos derivados de los cánones urbanísticos (datos oficiales, pues muchas de las blancas paredes de la vivienda que se construía de negros fondos estaban pintadas), una familia decidía adquirir o promover una vivienda en unos terrenos que entonces eran privilegiados y hoy son prohibidos. (Y de lo prohibido se va a pasar a lo prohibitivo). La familia en cuestión decidía comprar su futura vivienda en una promoción en la que, urbanísticamente, se contaba con todos los parabienes legales. La vivienda se construía, se terminaba, en muchos casos se llegaba a vivir en ella, y tras diferentes avatares políticos y de movimientos sociales de altos ideales, la legalidad era derribada. Leyes superiores, o diferidas o no contempladas, empezaron a hacer uso de su rigor y fuerza y derribaron los ideales, los ladrillos y los dineros de esa y de tantas familias que un día decidieron que ese era el lugar para continuar su vida.

Y aquí es donde se puede entrar a debatir quién fue antes, si el huevo o la gallina (la autorización administrativa o la Ley de Costas, que al final para muchos va a ser ley de costes). También podremos dirimir si antes está la protección de determinados parajes y la salvaguarda de la naturaleza o el derecho que les ha asistido a quienes adquirieron un bien sin saber que su naturaleza no era del todo legal. Y le aseguro que somos capaces de estar treinta años más debatiendo si son galgos o son podencos, y mientras tanto miles de casas abandonadas en esos parajes naturales siguen ahí –y lo que te rondaré morena- y miles de familias siguen sintiendo el peso de una ley que no es igual para todos, como guillotina a punto de cortarles la vida que siempre desearon. Si seguimos discutiendo, otros treinta años más de debate no nos los quita nadie.

Al igual que los estados, en todo el mundo, ofrecen a sus contribuyentes dolosos la posibilidad de regularizar su situación fiscal y hacer un punto y aparte, yo quiero romper una lanza (en lugar de las casas) en favor de unas familias. Todo lo que tienen representa, en muchos de los casos, todo lo que pueden perder. Apelando al derecho natural (que es el más natural de los derechos), que se decrete una amnistía residencial que ponga punto y final a esta situación. Creo que es de ley que esta misma les exima de unas responsabilidades que de buena fe no les corresponden, y que, desde el momento en que la misma empiece a funcionar, cualquier intento de vulnerar las leyes constructivas sea impedido, sancionado y limitado por quien corresponda.

Si nos ponemos puristas con el conservacionismo tendríamos que derribar más de la mitad de las construcciones que en los actuales pueblos y ciudades miran y besan el mar y no es justo que por los errores (y a veces desmanes) de los regidores de tantos ayuntamientos paguen, con la sangre de sus ahorros, los que compraron la casa de sus sueños; sueños que llevan demasiados años viviendo como una pesadilla.

lamadriddiario@gmail.com

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